Cuando hablamos de pacto social nos referimos a el acuerdo hipotético o real producido en un grupo o una sociedad por el cual sus miembros se ponen de acuerdo por voluntad propia para admitir la existencia de una autoridad, de unas normas y leyes a las que se someten. Es pues una explicación de la existencia de los Estados en los que se desarrolla una autoridad política y un orden social que los ciudadanos se comprometen a aceptar y a respetar.

   Las leyes que rigen la vidas de los ciudadanos nos afectan a todos por igual y son garantía del Estado de derecho y del modelo social que hemos elegido y que por nuestra voluntad mantenemos.

   Pero ¿qué sucede cuando este pacto quiebra porque las leyes no afectan a todos por igual y se presentan solo de cumplimiento obligatorio para un grupo determinado de ciudadanos y el resto, además de las autoridades, están exentas de la observación de las leyes?

Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

   La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 35
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Artículo 37
1. La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

   Estos artículos extraídos de la Constitución española de 1978 evidencian la quiebra social en la que nos ha sumido la crisis actual y la claudicación ante los poderes económicos a la que nos ha conducido, auspiciada por la derecha y consentida por la izquierda.

   El estado ha decidido obviar las leyes que lo sustentan, olvidando los derechos de los ciudadanos establecidos por la constitución y creando una nueva realidad edificada a su antojo sin contar con la voluntad de los sujetos de estos derechos y deberes.

   Muchos nos preguntamos si es posible un Estado democrático en el que las leyes sean papel mojado y sean las opiniones puntuales de un gobierno las que establezcan lo que es un derecho y lo que ya no lo es, por encima de la legislación superior como es la Constitución.

   Hemos descubierto ahora que el trabajo ya no es un derecho que no es necesario que la remuneración sea suficiente para vivir y que la discriminación por sexo es un hecho evidente. Sabemos que la negociación colectiva laboral ya no tiene la menor importancia y que la vivienda no será más un derecho de las ciudadanos y que los poderes públicos no están obligados a impedir la especulación ni la comunidad tendrá derecho a participar de las plusvalías que genere la acción urbanística.

   No es posible un estado democrático si se rompe el pacto social, si tanto las autoridades como los ciudadanos no están igualmente sujetos a las normas y al cumplimiento de las leyes. La quiebra es un hecho e ignoramos qué consecuencias sociales provocarán. Echando un vistazo a la historia podemos pergeñar varias hipótesis cada cual más estremecedora. Pero eso será material para una nueva Mirada CÓJER